El pasado domingo 19 de noviembre fue publicado «Quien es quién en Córdoba» un directorio empresarial de Córdoba, realizado por Diario ABC Córdoba y y el Instituto San Telmo Business School.
Se trata de un suplemento gratuito que contienen una agenda actualizada de las empresas de la provincia. En ella aparecen las empresas y y sus líderes comentando cómo hacen frente a la situación económica actual.
En esta ocasión participó Pablo Romero López, consejero de Grupo Rosmarino con un artículo titulado «Es fundamental la búsqueda de soluciones para asegurar el acceso a la vivienda« que pasamos a transcribir a continuación:
«En primer lugar, deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a ABC y al Instituto San Telmo por brindarnos la oportunidad de participar en la segunda edición de la guía «Quién es Quién en Córdoba», un proyecto que nos permite compartir nuestra visión sobre el siempre cambiante sector inmobiliario. Es un honor ser parte de este esfuerzo colaborativo para analizar y comprender más
profundamente el panorama inmobiliario en constante evolución.
En los últimos años, hemos sido testigos de un notable resurgimiento en la actividad del sector inmobiliario. Este renacimiento ha sido impulsado en parte por la reactivación de proyectos de planeamiento urbano y urbanizaciones que habían quedado en pausa durante la crisis anterior. Este impulso ha dado lugar a una multitud de promociones y desarrollos inmobiliarios que están transfor
mando la fisonomía de muchas ciudades.
Sin embargo, este resurgimiento ha resultado desigual y parcial, concentrándose especialmente en grandes capitales, y con unas cifras de creación de vivienda nueva en torno a las 100.000 viviendas al año –que en el trienio 2022-2024 ni siquiera se van a alcanzar– muy alejadas de las 180.000 viviendas/año que se consideran necesarias para la reposición del parque actual de viviendas, según nuestra población. Y, por supuesto, nada que ver con las 650.000 viviendas nuevas creadas en 2006 en el pico de la denominada burbuja inmobiliaria.
Esta escasez en la generación de vivienda, unido a la creciente presión sobre localizaciones concretas -sirvan como ejemplo Madrid, Málaga o Alicante- con gran cantidad de cliente internacional, ha sostenido la demanda y elevado los precios. Esto se ha trasladado también al mercado del alquiler, afectado asimismo por unas mayores rentabilidades en el arrendamiento turístico y una menor conflictividad que en el arrendamiento de vivienda, lo cual está tensionando sobremanera este mercado.
A esta complicada ecuación se ha sumado el aumento de los costos de construcción, provocada por la presión inflacionaria desatada tras el COVID y la guerra de Ucrania, y que ha impactado dramáticamente en el precio de materiales de construcción y mano de obra, la cual cada vez es más escasa. Sin embargo, a este respecto los indicadores muestran una estabilización en los precios de los materiales, lo que a medio plazo debería provocar una moderación en los costes.
Por otra parte, el súbito aumento del Euribor y tipos de interés tras varios años en tasas negativas ha influido negativamente en el coste de producción de las viviendas, pero principalmente al cliente final necesitado de financiación. En este sentido, si bien en el mercado de vivienda nueva se estiman unas menores ventas en 2023 respecto a 2022, este decremento no está influyendo en una minoración del precio de la vivienda, más al contrario, se observan ligeros aumentos de precio. Ello es debido a que la disminución de la demanda viene acompasada por la disminución de la oferta, y porque aún existe apetito de clientes que invierten sus ahorros en vivienda como forma de protegerse de la inflación.
Todo ello no obsta a que efectivamente deban articularse medidas de acceso a la vivienda para un importante segmento de la población. Desde las Administraciones Públicas debe incentivarse la promoción -en venta o alquiler- de vivienda protegida, hoy deficitaria, y/o implementar otras medidas
para el acceso a la vivienda. En este sentido, comunidades como Andalucía han adoptado medidas de apoyo a los jóvenes para la adquisición de la vivienda, avalando un porcentaje del precio de adquisición. Un paso en la buena dirección, aunque habrá que valorar su impacto real.
Quedan asimismo retos importantes por abordar: existe una excesiva con centración de operadores inmobiliarios que, con financiación de fondos de inversión, compraron las mayores carteras inmobiliarias del país, lo que condiciona la oferta. Además, debido a las restricciones de financiación de nuevas urbanizaciones, sólo estos operadores, con su capacidad económica, pueden optar a desarrollarlas, lo que les permite fijar precios y promocionar con costos de suelo inferiores, eliminando una posibilidad de sana y real competencia.
De igual forma, es esencial abordar otro desafío significativo que dificulta la labor de los promotores, aumentando significativamente los plazos de desarrollo y, por ende, los costes: el funcionamiento de las Administraciones, en particular las municipales. Ahora es común esperar un año, año y medio o incluso dos años para obtener las autorizaciones necesarias para iniciar una promoción, como la Licencia de Obras. En el caso de desarrollos de planeamiento, estos plazos pueden extenderse a 5, 6 o más años, durante los cuales se deben soportar costos financieros que encarecen aún más el suelo.
La implementación de la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA) parece
destinada a abordar este problema. Solo el tiempo dirá si esta medida logra su objetivo.
Es fundamental que todos los actores del sector inmobiliario, incluyendo a la Administración, a los promotores, a los constructores, a las entidades financieras y a los compradores, colaboren de manera constructiva para abordar estos desafíos. La búsqueda de soluciones que permitan un mercado inmobiliario sostenible y equitativo es esencial para asegurar el acceso a la vivienda y fomentar el desarrollo económico en España. En última instancia, el objetivo debe ser encontrar un terreno común que promueva la inversión, la rentabilidad y la accesibilidad a la vivienda, al tiempo que protege los derechos de los inquilinos y garantiza una regulación justa y efectiva en el sector inmobiliario.
En conclusión, el sector inmobiliario se encuentra en un período de profunda transformación y desafíos. A medida que enfrentamos precios elevados, costos de construcción en alza y una compleja burocracia administrativa, es imperativo que trabajemos juntos para encontrar soluciones que equilibren la inversión y la accesibilidad a la vivienda. La colaboración entre todos los actores del sector es esencial para garantizar un mercado inmobiliario sostenible y equitativo que beneficie a toda la sociedad. Con un enfoque en el diálogo constructivo y medidas como la LISTA, podemos esperar un futuro más
estable y próspero para el sector inmobiliario.«
Puedes encontrar la publicación original aquí
Fuente: Diario ABC Córdoba
